lunes, 24 de agosto de 2015

El Supremo confirma los 22 años por el asesinato del vigilante de Marchena

En un primer momento, la Audiencia Provincial de Sevilla absolvió a los dos ciudadanos rumanos acusados por este crimen

El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso de casación promovido por el hombre condenado por el asesinato en 2009 de un vigilante de seguridad en una planta fotovoltaica de Marchena (Sevilla), durante un robo de cobre, ratificando así los 17 años de prisión impuestos por un delito de asesinato y los cinco años correspondientes aun delito de robo con violencia y uso de medios peligrosos.

En un primer momento, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla absolvió a los dos ciudadanos rumanos acusados por este crimen, al no dar validez a una prueba de ADN, una sentencia anulada no obstante por el Tribunal Supremo, para que la Audiencia Provincial dictara un nuevo fallo en el que se valorase como prueba válida el hallazgo del ADN de Marius, uno de los acusados, en el pantalón de la víctima.

Finalmente, y a través de una sentencia emitida el pasado 7 de enero y recogida por Europa Press, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla absolvió a uno de los dos acusados, identificado como Adi D., y condenó al otro acusado, identificado como Marius L.C., a 22 años de cárcel por delitos de asesinato y robo con violencia y medios peligrosos, así como al pago de una indemnización de 160.992 euros a los padres de la víctima y de 21.448,83 euros a la empresa por el cobre sustraído en la planta fotovoltaica, aunque el acusado se declaró insolvente.


Frente a la sentencia condenatoria, el condenado elevó un recurso de casación al Tribunal Supremo, que a través de una sentencia emitida el 24 de julio y recogida por Europa Press desestima dicho recurso de casación y además impone al recurrente las cosas del procedimiento judicial.

Fuente: ABC Sevilla

martes, 18 de agosto de 2015

Las elecciones generales aparcan el plan de privatización de la seguridad de las prisiones.


La inminente celebración de las elecciones generales -que los últimos pronósticos sitúan a mediados de diciembre- llevará previsiblemente a que el Gobierno evite tomar decisiones que conlleven un coste electoral después de verano. Uno de los temas tabú que se dejarían de lado es el controvertido asunto de la privatización de la seguridad en las prisiones, que provocó -cuando se puso en marcha en 2012- un sonado abucheo al Ejecutivo por parte de la opinión pública, que lo interpretó como un primer paso para ir cediendo competencias de la Policía y la Guardia Civil a las empresas.

La tercera fase del plan de privatización de la seguridad de las prisiones tendría que entrar en vigor el próximo octubre, según los plazos inicialmente previstos por el Gobierno. Sin embargo, el Ministerio del Interior no es capaz de aclarar a estas alturas si cumplirá los tiempos, que ya sufrieron retrasos en las dos primeras fases. Por el momento, desde el departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz explican que aún no está decidido si se pasará al tercer estadio antes de las elecciones generales y que, en caso de que se opte por no hacerlo, se prorrogaría el actual momento por tiempo indefinido.

En la práctica, es muy posible que el nuevo Gobierno que salga de las urnas, por lo tanto, se encuentre el plan inacabado y con posibilidades de volver a replantearlo, ya que por el momento no ha salido ningún guardia civil de los centros penitenciarios, como estaba previsto que ocurriera ya en 2015. De hecho, en varios consejos de la Guardia Civil -órgano de encuentro entre asociaciones profesionales y administración- celebrados en 2014 los representantes de la Dirección General y los de los sindicatos abordaron el tema de los nuevos destinos que ocuparían los agentes una vez que abandonasen su plaza en las prisiones. Ambas partes incluso llegaron a pactar que estos funcionarios serían recolocados en la misma ciudad en la que operaban para no alterar su vida familiaPor el momento, por lo tanto, el plan únicamente ha conllevado gastos y ningún ahorro, que es la finalidad con la que se puso en marcha, como destacó el 28 de junio de 2012 el entonces secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, cuando anunció en el Congreso de los Diputados que era necesario tirar de seguridad privada en los centros penitenciarios ante la imposibilidad deasumir los costes del servicio con nuevas plazas de funcionarios. Según calculó entonces el sindicato Acaip, la medida conllevaría un ahorro de 48 millones de euros a las arcas del Estado.

Sin embargo, el mantenimiento de los guardias civiles y de los vigilantes de seguridad junto a los funcionarios de prisiones en los mismos centros, sin que nadie abandone sus puestos, ha engordado en la práctica el coste global destinado por el Ministerio del Interior a este servicio, y ha supuesto una de las cinco mentiras en torno a este proyecto. El Gobierno desembolsó 33 millones de euros a las empresas de seguridad que se hicieron cargo de la vigilancia perimetral de las prisiones españolas tras la puesta en marcha de la segunda fase del plan el pasado año.

El plan de privatización, por lo tanto, no cumplirá su función de ahorro, pero tampoco aquella para la que también fue concebido inicialmente. El Ejecutivo vendió el proyecto ante la opinión pública justo en el momento en el que ETA había abandonado la lucha armada y, de hecho, utilizó esta excusa paraprometer a los escoltas que habían trabajado toda la vida protegiendo a personalidades amenazadas por la banda que pasarían a vigilar ahora los centros penitenciarios. Sin embargo, apenas un 10% de los vigilantes que se dedica a estos menesteres hoy ha sido antes guardaespaldas.

Los profesionales de la protección de personas se sienten defraudados por el Gobierno porque consideran que ha roto su promesa. De hecho, varios centenares se agruparon en torno a la asociación Las sombras olvidadas de Euskadi para movilizarse contra el Ministerio del Interior y pedir un puesto de trabajo digno, lo que muestra el descontento de este sector con el desarrollo del plan de Interior.

lunes, 17 de agosto de 2015

FTSP-USO impugna el proceso electoral en Segur Ibérica - Barcelona

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera en Cataluña (FTSP-USOC) ha impugnado una vez más, el proceso electoral que se realizo el pasado día 13 de agosto en la empresa Segur Ibérica de Barcelona por las prácticas TRAMPOSAS del sindicato SIPVS–C.

El proceso se inició en el mes de marzo, y a fecha de hoy 14 de agosto, se han llevado a cabo seis impugnaciones y cuatro están pendientes de resolución.

Tras un laudo que obligaba a retrotraer el proceso electoral hasta la publicación del censo, el sindicato SIPVS-C consensua con el resto de fuerzas sindicales, entre ellas la USO, esperar a la resolución de las cuatro impugnaciones.

La mesa electoral, supuestamente influenciada por el sindicato SIPVS-C, cambia de estrategia y le dan la vuelta a lo pactado por todas las organizaciones sindicales. Se procede de manera sorpresiva al cambió de la mesa, los delegados elegibles pasan de 17 a 21 y se unifica la votación a un solo colegio, cuando debería haber dos.

Con prácticas totalmente antisindicales, dejan fuera las candidaturas de USO y otros tres sindicatos, alegando que sus candidaturas no habían sido presentadas en plazo ni en forma. En estas elecciones que se celebraron el pasado día 13, sólo se han podido presentar CC.OO, ATES y el propio SIPVS-C.

Del todo lamentable que organizaciones sindicales, a las que se les presupone tendrían que velar por los intereses de los trabajadores, pongan en práctica este tipo de artimañas para alcanzar objetivos que solo atienden a sus intereses. 

Nueva iniciativa de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada, FTSP-USO

Para acabar con lo que está sucediendo en los concursos públicos una vez tras otra, cada vez que se adjudica un servicio de seguridad privada.

Junto a nuestro gabinete jurídico, llevamos ya varios meses trabajando en la manera en la que vamos a exigir que los técnicos que firman los concursos públicos y los políticos que miran hacia otro lado, respondan ante la ley, por su responsabilidad penal y/o civil subsidiaria.

Haremos cuanto esté en nuestras manos para denunciar lo que está sucediendo y que la opinión pública se entere de a quién están votando, políticos que tienen en sus manos cambiar las leyes de contratación pública, para no dejar a familias enteras a merced de empresas sin escrúpulos, que hoy concursan y mañana desaparecen.

Técnicos que adjudican concursos a empresas que directamente le van a robar parte de su sustento a los trabajadores, y que tanto los técnicos como los políticos, respondan de una manera u otra, de los agujeros de decenas de millones de euros que estas empresas piratas dejan en las arcas públicas y en las economías de los trabajadores, y que al final pagamos todos.

Estamos hartos ya de palmaditas en la espalda y de promesas incumplidas.

viernes, 14 de agosto de 2015

¿Quieres trabajar como vigilante de seguridad para la Unión Europea?


La Unión Europea (UE) ofrece una gran variedad de opciones para aquellas personas que, con o sin estudios superiores, desean iniciar una carrera con proyección europea.
En el mes de agosto, los interesados en desempeñar la vigilancia tienen su oportunidad.
 Vigilantes de seguridad
Hasta el próximo 21 de agosto a mediodía, los ciudadanos comunitarios que hablen una de las 23 lenguas oficiales de la UE más inglés, francés o alemán pueden presentar su solicitud a través de la dirección de internet:
Los interesados deberán poseer como mínimo uno de los siguientes grados de formación:
- Estudios superiores
 - Estudios secundarios más tres años de experiencia profesional en el sector
 - Formación profesional equivalente en seguridad (aceptada sólo en casos excepcionales)
Superar el proceso de selección permite optar a un puesto temporal para alrededor de tres años, que según los casos podría ser ampliable a un periodo más largo (nivel agente contractual CAST S4). 

Trabajar en la UE
Las dos ofertas mencionadas son sólo las más inmediatas y a las que en estos momentos aún se puede presentar una solicitud, pero la UE ofrece otras muchas posibilidades y abre convocatorias periódicamente.
Para estar al tanto de las últimas novedades se recomienda consultar con frecuencia la página web de la oficina de selección de personal de las instituciones comunitarias, Epso.
Los puntos fuertes de un trabajo en las instituciones comunitarias son el salario, la seguridad y el entorno multicultural, así como las facilidades para completar la formación académica o reorientar una carrera profesional.
El proceso de oposición es largo y en ocasiones farragoso y se puede decir que constituye una selección en sí mismo desde la propia inscripción electrónica para enviar la solicitud, que puede llevar horas.

Proceso de selección
Se inicia con la citada inscripción electrónica y acaba con la constitución de una lista de reserva para la contratación.
La inclusión de un candidato en esta lista, que suele tener un periodo de validez de un año, no constituye ni un derecho ni una garantía de contratación por una institución.
Figurar en uno de estos listados sí es, sin embargo, una condición sine qua non para acceder a un puesto de este tipo, pero las propias instituciones son las únicas responsables de la contratación.
Como pasos intermedios del proceso, que puede extenderse a lo largo de más de un año, se incluyen pruebas de razonamiento numérico, verbal y abstracto -algo parecido a un psicotécnico-, así como distintos exámenes para comprobar la capacidad lingüística o las competencias específicas en cada caso.
La primera fase del proceso suele poder realizarse en la lengua materna del participante y en su propio país de origen, pero una vez superadas las etapas iniciales se suele requerir el desplazamiento a Bruselas y el empleo del inglés, francés o alemán en las pruebas.
El plato fuerte del proceso de selección es lo que se conoce como "centro de evaluación", un complejo conjunto de pruebas que pueden durar uno o varios días. Suele consistir en un caso práctico relevante para la convocatoria, ejercicios relacionados con las competencias específicas que se quieran evaluar, una presentación oral, entrevistas personales y un ejercicio de grupo.
Traductores
Periódicamente se ofrecen puestos de traductores o intérpretes. La última convocatoria se ha cerrado este 14 de agosto, pero antes de que acabe el año se publicará el calendario con las próximas para ciudadanos comunitarios que puedan acreditar una titulación universitaria o equivalente y tengan buen dominio de algunas de las 23 lenguas de la UE, además del inglés, francés o alemán. Se puede presentar las solicitudes a través del sitio de internet:
Superar el proceso de selección abre la puerta a una posición permanente como funcionario comunitario (nivel administrativo - AD5).

Cualificaciones profesionales

Si quieres trabajar en otro país de la UE en el que tu profesión esté regulada, es posible que tengas que obtener el reconocimiento oficial de tus cualificaciones (formación y experiencia profesional).

Amplia la información en :

Profesiones reguladas: ¿cuáles son?, ¿qué diferencias existen entre los países de la UE?

Reconocimiento de las cualificaciones profesionales: ¿qué hay que hacer para tener acceso a una profesión regulada en otro país?


Organismos profesionales y requisitos de idioma: ¿qué más hay que hacer antes de poder empezar a trabajar?

lunes, 10 de agosto de 2015

Aena desconoce el número de vigilantes que las subcontratas de seguridad tienen en los aeropuertos

El gestor aeroportuario Aena reconoce desconocer el número de vigilantes que las empresas privadas tienen en los aeropuertos para prestar el servicio de seguridad, así como las variaciones en dichas plantillas. Así lo reconoce el Gobierno en respuesta a los diputados socialistas Elvira Ramón, José Martínez Olmos y Manuel Pezzi que, por escrito, reclamaron información sobre el servicio de seguridad en el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén.

En su respuesta, que recoge Europa Press, el Ejecutivo explica que Aena tiene contratada a una empresa "especializada y homologada por el Ministerio del Interior" para encargarse de la seguridad del aeropuerto andaluz, y que se limita a "realizar una estimación de las horas de servicio necesarias", que se calculan en función de la demanda de tráfico de pasajeros prevista.

"Aena es ajena a las relaciones laborales de la empresa contratada para la prestación del servicio de seguridad y, por tanto, también a la gestión y organización de los medios humanos de dicha empresa, que es la que determina el número de vigilantes con los que debe contar para prestar el servicio solicitado y la que, en función de su criterio, los asigna en las distintas funciones a desempeñar en el aeropuerto", insiste el Gobierno.

Nuevas entrevistas de la FTSP-USO

La Revista Digital San Borondón realizó una entrevista la pasada semana a Basilio A. Febles, Secretario Estatal de Formación e Información de la FTSP-USO para analizar la adjudicación de Adif a Seguridad Integral Canaria de sus servicios de seguridad en la zona sur de España.

Podéis escucharla siguiendo este enlace: Entrevista Basilio A. Febles (revista San Borondón).

También podréis ver la entrevista que Marian Quintana, Subdirectora de Canal 13 Digital, ha realizado a Basilio Alberto Febles, Secretario Estatal de Formación e Información de la FTSP-USO y a Juan Díaz, Secretario General de la FTSP-USO Canarias. Marian les pregunta sobre los incumplimientos que se producen en los concursos públicos de seguridad privada, de la campaña que la FTSP-USO mantiene en contra de las empresas piratas del sector, del intrusismo profesional en las zonas turísticas, de la necesidad de la formación en dicho sector y de Seguridad Integral Canaria.

Para verla, solo tenéis que pinchar en este enlace: Entrevista Basilio A. Febles y Juan Díaz (Canal 13TV Digital).

lunes, 3 de agosto de 2015

Adif adjudica dos contratos a Prosegur y Seguridad Integral Canaria por 18 millones de euros



Ambas compañías prestarán servicios de vigilancia y seguridad en las instalaciones de Adif en Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, hasta el 31 de agosto de 2016.

El consejo de administración de Adif ha aprobado en su última reunión la adjudicación, por un importe global de 18,4 millones de euros, del contrato de servicios de vigilancia y seguridad para las zonas centro y sur.

El lote correspondiente a la zona centro se ha adjudicado a Prosegur España, por importe de 10,5 millones de euros, mientras que el de la zona sur se ha otorgado a Seguridad Integral Canaria, por 7,9 millones de euros.

Los servicios contratados comprenden la vigilancia y seguridad en estaciones de viajeros, terminales de mercancías, edificios técnicos y administrativos, así como en infraestructuras viarias de las zonas centro (Madrid, Albacete, Cuenca, Toledo, Ciudad Real y Guadalajara) y sur (Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Cáceres y Badajoz).

Con la entrada en vigor de la Ley 5/2014 de seguridad privada, los servicios de vigilancia y seguridad deben ser obligatoriamente prestados por personal perteneciente a empresas de seguridad.

Fuente: Expansion.com