El pasado día 27 de agosto,
Gerardo Román Iglesias, Secretario General de la Federación de Trabajadores
de Seguridad Privada de Galicia (FTSP-USO Galicia) y Fernando López López
responsable de la (FTSP-USO de Lugo), mantuvieron una reunieron con el Sr. José
Manuel Barreiro, presidente del Partido Popular de Lugo, además de portavoz del
PP en el senado, para expresarle su preocupación respecto a la situación que se
vive tanto en el Museo Provincial de Lugo como en el Pabellón de deportes de la
misma ciudad, ambos dependientes de la Diputación Provincial
de Lugo.
Esta preocupación viene
motivada por la situación en la que se encuentran estos dos centros públicos,
por la paralización de la adjudicación a la empresa Alcor Seguridad, tras la
denuncia que la USO
presentó al observar graves irregularidades y una mas que probable baja
temeraria en la oferta que esta empresa llevó al concurso, con lo que consiguió
quedar mejor situada con respecto al resto de empresas en la adjudicación
definitiva.
A raíz de esto, la Diputación solicitó al
Consello Consultivo de contratación de la Xunta de Galicia que emitiese un informe sobre la
viabilidad o no de la prestación del servicio por parte de la empresa Alcor,
encontrándonos en este momento a la espera de la evacuación de dicho informe.
En la reunión se comunicó al Sr
Barreiro la preocu-pación de la
Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USO , por la mala praxis que la
empresa Alcor pone en práctica en cada servicio al que accede, tras obtener la
adjudicación.
Además se le pidió se implicase
en la propuesta que hace la USO ,
para que en las Licitaciones de contratación pública no solo a nivel local sino
también general, se observen unos mínimos para una ‘contratación socialmente
responsable’, y que vienen ya reflejadas en las directrices europeas al respecto.
Con ello lo que se pretende es
proteger de alguna manera a los trabajadores, para que no sean siempre el
eslabón mas débil en todos estos procesos de contratación, ya que se quedan
indefensos ante empresas sin escrúpulos, que acceden a los concursos con bajas
temerarias, y que difícilmente cubren el pago de salarios a los trabajadores,
además de a la
Hacienda Pública y la Tesorería de la Seguridad Social.
También se le solicitó la
inclusión en los requisitos para la adjudicación, cláusulas como por ejemplo obligar
a las empresas que concursan para que cumplan con el Convenio Colectivo Estatal
de las empresas de seguridad, único texto que salvaguarda derechos laborales y
evita que existan vigilantes de primera y de segunda, la FTSP-USO pide además que
se incluya en los contratos públicos, el que ante cualquier incumplimiento por
parte de la empresa adjudicataria respecto del abono de los salarios a los
trabajadores, se le pueda rescindir el contrato.
En la reunión se habló de las
sentencias en firme y a favor de la
USO , respecto a dos irregularidades capitales que la empresa
Alcor incumple siempre que puede como son, el impago del salario en tiempo y
forma y la vulneración de la ley de libertad sindical.
Sentencias:
.- Septiembre 2014: La
Audiencia Nacional ,
estima que la empresa Alcor ha vulnerado el derecho del sindicato demandante
(USO) a la libertad sindical y a la acción sindical en la empresa, declarando
radicalmente nula dicha conducta y ordena su cese inmediato, condenando a la
empresa demanda-da a abonar al sindicato demandante USO una indemnización de
1.300 €.
.- Julio 2015: Una sentencia del juzgado de lo social nº 1 y nº 3 de
Lugo obliga a la empresa Alcor Seguridad a pagar los 40.000 euros que adeuda
al conjunto de sus trabajadores cuando prestaban servicios en el Pazo dos
Deportes y en el Museo Provincial, ambas entidades dependientes de la Diputación Provincial
de Lugo.
En prensa: El progreso de
Lugo julio 2015.
Según denuncia este
sindicato, este incumplimiento continuado en los pagos a los trabajadores, entre
otras irregularidades anteriormente descritas, permite además a Alcor
Seguridad, jugar con ventaja en las distintas contrataciones con las administraciones
públicas, lo que supone un perjuicio para otras empresas del sector que ‘si’
cumplen con el convenio nacional y la legislación laboral y tributaria vigente.
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