Contra la criminalización del derecho de huelga y por la
derogación del artículo 315.3 del Código Penal
(transcripción completa del manifiesto leído por Cristina Almeida)
El ejercicio del derecho de huelga, cuya consideración como
derecho fundamental no podemos obviar, ha sido y es ejemplarmente democrático y
pacífico durante las más de tres décadas donde se han llevado a efecto en
múltiples ocasiones bajo la forma de huelgas generales, sectoriales o de
empresa. El reconocimiento de este derecho de los trabajadores y trabajadoras
para la defensa de sus intereses no es exclusivo de nuestro ordenamiento
jurídico: la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea lo incluye
expresamente; el Pacto Internacional de Derecho Económico Sociales y Culturales
de las Naciones Unidas lo garantiza; y así múltiples tratados y pactos
internacionales reconocen el derecho a la huelga como un derecho fundamental de
los trabajadores y trabajadoras, y de sus organizaciones.
Desde la proclamación de la Constitución Española hemos
atravesado ya tres crisis económicas, duros procesos de reconversión
industrial, así como recortes en los servicios públicos esenciales: sanidad,
educación, protección social, etc. Y el ejercicio de dicho derecho se ha
caracterizado por un uso responsable y sin que hayan derivado actuaciones
penales precisamente frente a los que ejercen dicho derecho. Nos encontramos
ante el mayor intento de criminalización del derecho de huelga, y el ataque más
duro contra la libertad sindical desde que estamos en democracia. El punto de
inflexión lo marcó la huelga general del 29 de septiembre del 2010, convocada
por los sindicatos contra la reforma laboral, los recortes y las políticas de
austeridad, movilización que se saldó de forma pacífica y sin incidentes
violentos.
La utilización del artículo 315.3 del Código Penal resulta
injustificada y desproporcionada, situando el derecho de huelga en el siglo XIX
cuando su ejercicio era penado y perseguido. La participación en piquetes
informativos es un derecho reconocido en nuestra legislación, no es un delito;
y la mera identificación de los trabajadores que en él participen no pueden
suponer el riesgo de imputación de un delito castigado con penas de prisión.
No estamos solos: el maltrato en España al derecho de huelga
y a la libertad sindical ha sido denunciado y exigida una rectificación desde
instancias internacionales de todo tipo (la OIT, la Unión Europea, la ONU,
organizaciones de Derechos Humanos y el movimiento sindical internacional y
europeo). Actualmente más de 300 trabajadores y trabajadoras y/o sindicalistas
encausados y encausadas por haber ejercido el derecho de huelga se encuentran
con procedimientos judiciales abiertos y con petición de penas de cárcel
acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores. Desde el pleno
de esta cumbre sindical, representada por los sindicatos UGT, CCOO, USO, CGT,
AMYTS, SATSE, ALTERNATIVA SINDICAL DE SEGURIDAD PRIVADA, SOLIDARIDAD OBRERA,
GESTHA, UNION DE ACTORES, CSIT UNION PROFESIONAL y STEM, manifestamos nuestro
apoyo a los y las más de 300 trabajadores y trabajadoras y/o sindicalistas
encausados y encausadas por haber ejercido el derecho de huelga, en la
confianza de su honradez, reconociendo su trabajo a lo largo de los años en
defensa de los derechos del conjunto de los trabajadores y trabajadoras.
Nos comprometemos a utilizar todos los medios a nuestro
alcance para seguir defendiendo el derecho de huelga y el resto de los derechos
de los trabajadores y trabajadoras, así como la libertad de expresión de los
ciudadanos y ciudadanas. Al mismo tiempo instamos al Gobierno Central y al
Parlamento de la Nación a que adopte cuantas iniciativas legislativas sean
necesarias a fin de corregir esta situación, entre ellas la derogación del
artículo 315.3 del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana (o “ley Mordaza”
conocida en casa), así como las reformas laborales de 2010 y 2012. Todo ello en
defensa de las libertades básicas y a decretar la absolución de todos los trabajadores
y trabajadoras ya juzgados y condenados por participar en las huelgas generales
de 2010 y 2012, y a tomar cuantas resoluciones sean precisas para evitar el
ingreso en prisión de todas las personas encausadas o pendientes de juicio.
¡Por el derecho de huelga! ¡Vivan los trabajadores y
trabajadoras!
¡¡¡UNA VEZ MÁS, ESTUVIMOS ALLÍ!!!
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