En la mañana de hoy ha tenido lugar una concentración ante la sede en Madrid de MARSEGUR. Como es sabido, MARSEGUR se descolgó del convenio nacional de seguridad privada imponiendo un convenio de empresa, por supuesto a la baja, que fue impugnado ante la autoridad judicial. No contento con el fallo, la dirección empresarial recurrió la sentencia ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, cuya resolución aún no se ha publicado.
Dicho convenio, suscrito el 23 de diciembre de 2014 y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 10 de marzo de 2015, arroja un salario base para los vigilantes de seguridad de 726 euros frente a los 908,24 del convenio estatal; los recortes alcanzan también a otros conceptos de las tablas salariales, razón por la cual, invocando los artículos 1 al 3 del convenio estatal, en los cuales se especifica que dicho convenio afectará a todas las empresas de seguridad del conjunto del territorio nacional, se presentó la impugnación a la aplicación del convenio de empresa. Hasta aquí, los antecedentes.
¿Y ahora, qué? Pues más de lo mismo, o rizar el rizo aún más: no contentos con impugnar la primera sentencia, y a falta de que el Tribunal Supremo se pronuncie al respecto, la dirección de MARSEGUR intenta convocar a los representantes de los trabajadores para constituir una mesa negociadora para UN NUEVO CONVENIO!!! ¿De locos? Puede. ¿De "demasiado listos"? Con seguridad.
Llegamos al día de hoy, donde, al presentarnos en la sede de MARSEGUR, nos enteramos que no solo estamos nosotros, sino también representantes venidos desde Canarias (la sede social de la empresa está en Las Palmas.... luego dice cierto presidente de un club de fútbol de aquéllas islas que no tiene nada que ver con esta empresa, cuando sus iniciales, M.A.R., son las que van antes de "segur" en el anagrama). La pretensión primera es hacer que los trabajadores, o sus representantes sindicales, firmen un acta donde se acuerde la constitución de esa mesa negociadora, tras el aporte de una información que, a juicio de la parte social, se hace claramente insuficiente (no se informa de, por ejemplo, el número de servicios que se cubren ni la totalidad de las provincias donde se prestan servicios de seguridad), lo cual, y según lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, es condición sin la cual no se pueden llegar a conclusiones de cual es la situación económica y laboral de la empresa.
Pero MARSEGUR no esperaba que a la cita íbamos a acudir representantes de diversos sindicatos (no hay que olvidar la especial implicación que tiene la USO en la publicación de las actuaciones de las denominadas "empresas pirata"), y que si a un trabajador se le puede engañar no es tan fácil engañar a la masa social de los representantes de los trabajadores. Al acto de la reunión, teniendo como interlocutora a una de las abogadas de la parte empresarial, han accedido representantes de los sindicatos allí presentes, quienes, vista la nula capacidad de diálogo, se han negado tajantemente a firmar documento alguno, ni siquiera un acta de presencia.
Los representantes sindicales que han intervenido en ese simulacro de negociación nos han confirmado que se ha solicitado como premisa principal y previa a cualquier otra actuación la retirada inmediata y sin condiciones del convenio de empresa, cosa a la que MARSEGUR se niega sistemáticamente. Posiblemente la jugada se centre en la pretensión de que se constituya una mesa de negociación que de carta de naturaleza a algo que ya los Juzgados de lo Social han calificado de flagrante ilegalidad, y a partir de ahí negociar "algo" que con toda probabilidad continúe siendo inferior al convenio nacional. Y ahí, señores de MARSEGUR, Madrid dice NO.
Y Madrid dice NO, porque ya estamos hartos de recortes, de empresas que pagan por debajo de convenio o que simplemente no pagan (como apunte de ultimísima hora nos llega información de que Segur Ibérica acaba de presentar a los sindicatos la apertura de un periodo de consultas para llevar a cabo un despido colectivo que afecta a la totalidad de la plantilla). Si ya nuestro convenio estatal, con tablas salariales en las cuales la pérdida del poder adquisitivo desde el año 2008 (año en que se inició la crisis económica) ha sido notable, pérdida a la cual hay que sumar la exclusión durante meses de los pluses de transporte y vestuario de las pagas extras (mal compensada, por cierto, en la subida de 23,50 euros desde julio de 2015, ya que no alcanza, multiplicada por 12 mensualidades, el total de lo detraído), un convenio de empresa ILEGAL y que sitúa cerca del umbral de la pobreza a cientos de familias es algo que no vamos a tolerar de ninguna de las maneras.
Seguiremos oponiéndonos a la renegociación de algo que está fuera de la Ley. Señores de MARSEGUR: Madrid no negocia con piratas.
